En ese sentido, el magistrado aplicó la doctrina de la “ignorancia deliberada” o “ceguera ante los hechos”, al considerar que el funcionario, advirtiendo la posible ilicitud del abigeato, decidió mantenerse en una situación de aparente desconocimiento y no cumplir con su deber de control y registro.
La causa continúa su trámite procesal conforme a las etapas previstas por la ley.