Actualmente, la suma vigente es de $5.000.000, pero la querella consideró que “se presenta no solo como insuficiente, sino también como desproporcionada e incongruente frente a la magnitud del caso, la gravedad del hecho investigado, la sensibilidad social que lo rodea y el estándar económico real del país al momento de la desaparición. Tal monto resulta ridículo e ilógico si se lo compara con los parámetros que el propio Estado Nacional ha aplicado en otros casos de desaparición de personas, incluso aquellos de menor repercusión pública, donde se han dispuesto recompensas significativamente superiores”.