El Gobierno licitará en total 9.145 kilómetros distribuidos en 13 tramos que representan el 20 por ciento de la red vial nacional pero concentran el 80 por ciento del tránsito.
Al momento de adjudicar se elegirá la empresa que ofrezca la menor tarifa al usuario, pero no habrá ningún canon al Estado ni tampoco subsidios para las compañías. Sin embargo, los precios de los peajes continuarán siendo los vigentes al momento de la adjudicación hasta que se garanticen las condiciones óptimas de transitabilidad de los corredores: bache cero, calce de banquinas, señalización horizontal y vertical, al igual que iluminación.
El Estado definirá una tarifa tope y un sistema de actualización trimestral, que estará especificado en los pliegos de cada licitación. Los cuadros tarifarios se indexarán según fórmulas prefijadas que contemplan diversos índices del Indec, aunque las fuentes no quisieron dar más precisiones. De todos modos, habría un período de puesta en valor de rutas y autopistas durante el primer año de la concesión y desde el segundo iniciará el cobro de tarifas.
El rol de Vialidad Nacional será clave en la supervisión de las concesiones, ya que el organismo actuará como ente de control y se encargará de auditar el estado de las rutas y de verificar que las empresas concesionarias cumplan con los objetivos de calidad y mantenimiento. A través de inspecciones regulares, se medirán parámetros como el estado de las calzadas, la señalización y otros elementos esenciales para la seguridad y transitabilidad.
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